POR José Inés Figueroa Vitela
Esta no es una historia nueva -en su tiempo lo escribí en este mismo espacio-; la novedad será que haya consecuencias.
Ayer, el abogado JOSÉ ISABEL LUNA CHÁVEZ, en nombre de un despacho capitalino y un grupo inmobiliario, presentó denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, por el despojo de las tierras de Playa Miramar, cometidos desde y por el Estado, o su titulares, en el pasado sexenio.
El modus operandi, fue el mismo que aplicaron para todos los cobardes robos que se cometieron por obra y gracia del exgobernador de triste memoria, alias FRANCISCO JAVIER “N”.
Le inventaron un expediente al apoderado de la empresa propietaria de los terrenos, le sacaron una orden de aprehensión y amenazaron con ejecutársela, si no les cedía la propiedad.
Luego hasta hicieron un evento, mandaron imprimir mamparas, publicar boletines, afirmando que habían expropiado los terrenos y los estaban sacando a la venta, contando con “empresas internacionales” interesadas en comprarlos y venirse a hacer los grandes desarrollos turísticos.
Los predios siguen ahí, “pelones”, pero ya escriturados a terceras personas, que los pagaron a precios irrisorios, en abonos, pero con el engordamiento “oculto” de las carteras de los jefes de la banda que despachó en Palacio.
¿Recuerda el caso por el que metieron a la cárcel a GEÑO, desestimado luego por segundas y terceras instancias debido a que no había delito qué perseguir?
Exactamente igual, el arquitecto BERLANGA fue amenazado por los fiscales y jueces mandados por CABEZA, con meterlo a la cárcel a él hay a su esposa, si no firmaban la “donación” de los terrenos de Altamira.
De los mismos de los que no se supo destino, pero los diputados sobornados por el ex, apuraban a declararlos “reserva cultural”, para cortar la secuencia de las reivindicaciones y atajar el imperio de la justicia.
Ah, pero se llenaron la boca para anunciar que “los habían incautado porque eran producto de un delito”.
Y los terrenos de Reynosa a cuyo líder mataron los policías a golpes por órdenes de “manito”, el Senador ISMAEL “N” y los ranchos colindantes con el “suyo”, a cuyo anciano propietario metieron a la cárcel igual con un expediente inventado, entre otros tantos latrocinios cobardes, en los que fiscales y jueces fueron ejecutores cómplices.
“Para que hubiera una orden de aprehensión, debió haber un juez que la expidiera; para que hubiera una investigación, un Fiscal que la consignara… ¿de quien recibían órdenes?”, se preguntó el abogado.
Presentó la denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera, por tratarse de un ente que investiga el uso de recursos de procedencia ilícita, además de estar al margen del entramado de impunidad y corrupción heredado del pasado sexenio.
Claro que FRANCISCO JAVIER “N”, no le ordenó al agente del ministerio público o al juez de las causas torcidas del sexenio.
El Fiscal General, los especializados, los Magistrados y los dos presidentes del Supremo Tribunal que impuso CABEZA y ahí siguen, impunes, tienen responsabilidades directas.
El cúmulo de pruebas, que en una caja llevó el abogado JOSÉ ISABEL sobre el Caso Miramar, no dejan espacio a la duda jurisdiccional, porque, la opinión pública, hace mucho tiene plena conciencia de los latrocinios insaciables de aquellos.
El postulante confió en que salgan los demás a denunciar y se ofreció a representarlos.
Así los de La Pesca -comerciantes y propietarios de la playa del lado norte de la desembocadura del Río y al sur, el del Racho El Contadero, a quien también despojó su frente de playa-, como los otro mencionados arriba y seguramente muchos que no son del dominio público pero igual, sufrieron la voracidad del ex y su familia, así como la complicidad de las autoridades de turno.
No va a ser comprando líderes charros para generar el caos, como es el caso de ARNULFO RODRÍGUEZ paralizando las escuelas y cerrando avenidas para cortar el procesamiento del ex secretario de educación, como van a impedir el imperio de la justicia.
ÁLBARO HUMBERTO BARRIENTOS, hace tiempo llegó de Reynosa a Victoria y acá se quedó a residir.
Fue diputado local, Secretario General del PAN estatal, Subsecretario de Bienestar y de Desarrollo Económico, durante el pasado sexenio.
A últimas fechas buscó la dirigencia de su partido en Victoria y ayer se fue con sus hijas a casa de gobierno a pedir reanuden las clases en las escuelas.
El gobernador se bajó de la camioneta enfrente y se dirigió a él, para escucharlo, en su calidad de “padre de familia”, como se presentó.
“Nosotros estamos en la mejor voluntad; los que no quieren ir a clases están allá plantados en la Calzada -de Tamatán”, le dijo.
”Estamos abiertos, dando las oportunidades, que se den cuenta de todo lo que se ha podido ir avanzando, de prestaciones de años que no se dieron. Lo que está impidiendo los acuerdos ya tiene tintes no educativos, sino políticos.
“Nosotros seguimos trabajando, estamos abiertos y lo que más nos preocupa son los niños. La mano del gobierno está extendida pero no hay reciprocidad; nosotros no iniciamos este conflicto.
“Lo que se comentó -pliego publicado en redes- le hemos dado respuesta educativa. Ha habido cuatro reuniones, hasta con interlocutores que cambiamos -a petición de ellos-, pero no hay respuesta”.
El gobernador sentenció: para que haya solución se necesitan dos… nos hacen falta ellos.
